ARCONEL acreditado como Autoridad Ambiental: Nuevas reglas para el control ambiental del sector eléctrico en Ecuador

La Resolución MAATE-MAATE-2025-0002-R transforma el ecosistema regulatorio del sector eléctrico al delegar competencias ambientales clave a ARCONEL. ¿Qué implicaciones legales y operativas se derivan?

El 22 de abril de 2025, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) emitió la Resolución Nro. MAATE-MAATE-2025-0002-R, mediante la cual otorga a la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (ARCONEL) la acreditación como Autoridad Ambiental Competente (AAC) para el sector eléctrico a nivel nacional. Este hecho marca un hito en la descentralización técnica del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y plantea desafíos regulatorios, institucionales y operativos para todos los actores del sector.

1. ¿Qué cambia a partir de esta resolución? A partir de esta acreditación, ARCONEL asume la competencia para regular, controlar, hacer seguimiento y sancionar a las actividades eléctricas en materia ambiental, incluyendo los procesos de regularización, atención a denuncias y auditorías ambientales. Esta competencia está limitada por los parámetros establecidos en el Código Orgánico del Ambiente (COA) y demás normativa ambiental vigente, y no aplica en proyectos donde exista un potencial conflicto de intereses, como aquellos promovidos directamente por ARCONEL, en cuyo caso el MAATE retiene la competencia.

2. Alcance operativo de la nueva competencia: La resolución detalla con precisión los deberes de ARCONEL como nueva AAC. Estos incluyen:

• Utilización obligatoria del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) para procesos de regularización.

• Presentación anual del Informe de Gestión y el Plan de Control Ambiental.

• Seguimiento a garantías bancarias o pólizas de cumplimiento ambiental.

• Prohibición expresa de que el equipo técnico que aprueba estudios de impacto participe en los mecanismos de control posteriores.

3. Transición institucional y marco temporal: Se establece una hoja de ruta clara para la transferencia progresiva de competencias y expedientes del MAATE a ARCONEL. La resolución prevé un plazo de hasta tres años para que el MAATE culmine los procesos iniciados previamente. Además, se exige a ARCONEL emitir su propia normativa técnica dentro de los 30 días posteriores a la notificación de esta resolución, lo que pone presión sobre su capacidad jurídica y técnica interna.

4. Implicaciones para operadores del sector eléctrico: Todos los proyectos eléctricos —públicos, privados o mixtos— deberán ahora someterse al nuevo sistema liderado por ARCONEL. Esto exige una actualización urgente de sus estrategias legales y técnicas en relación con estudios de impacto ambiental, inventarios forestales y obligaciones de cumplimiento.

5. Riesgos y oportunidades legales: Si bien este paso busca descongestionar y especializar la gestión ambiental, también genera interrogantes sobre capacidad técnica, independencia funcional y seguridad jurídica, especialmente en controversias donde pueda estar comprometida la imparcialidad de ARCONEL. La resolución establece que el MAATE podrá revocar la acreditación si se incumplen las obligaciones técnicas o legales, lo cual constituye un importante elemento de control institucional.

Desde una óptica legal y estratégica, esta resolución obliga a todos los actores del sector eléctrico a replantear sus mecanismos de cumplimiento ambiental, reforzar sus equipos legales y técnicos, y anticipar posibles fricciones en la implementación. La consolidación de un modelo de control ambiental especializado puede representar una oportunidad si se garantiza la transparencia, la participación ciudadana y el apego irrestricto a los principios del COA.

En ANDES LAW, acompañamos a nuestros clientes del sector energético en este nuevo contexto, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también la prevención de riesgos regulatorios y litigiosos derivados de esta transición.