Las sanciones impuestas por entidades públicas como EP Petroecuador suelen percibirse como verdades absolutas. Pero no lo son. La experiencia nos demuestra que muchas de estas multas administrativas están mal sustentadas, vulneran el debido proceso, o incluso se basan en interpretaciones erróneas del contrato o del marco jurídico aplicable. En Andes Law hemos logrado dejar sin efecto más del 99%  de las multas que nuestros clientes han enfrentado en este contexto. ¿Cómo? Con estrategia, conocimiento y argumentos sólidos. ¿Qué debes saber? Las multas no son definitivas.  Toda resolución sancionadora puede impugnarse dentro de plazos específicos y bajo principios de legalidad, proporcionalidad y motivación. Muchos actos administrativos de Petroecuador fallan en su motivación.  No explican con claridad la infracción, ni justifican el monto de la multa. Los contratos no pueden ser interpretados unilateralmente.  Si el acto administrativo se basa en una lectura parcial o interesada del contrato, existen mecanismos para contrarrestarlo. Se pueden activar mecanismos jurisdiccionales.  Desde reclamos administrativos internos hasta acciones constitucionales y demandas contencioso-administrativas. Tu defensa debe ser técnica y jurídica, no emocional.  No basta con alegar injusticia: hay que probar la falta de sustento legal. ¿Qué hacemos en Andes Law? Revisamos la legalidad del acto sancionador. Evaluamos las vías administrativas y judiciales para su impugnación. Preparamos la estrategia jurídica más adecuada para el caso. Acompañamos el proceso hasta su resolución final. Si tu empresa ha recibido una multa con cualquier otra entidad estatal, no estás obligado a pagar sin antes revisar a fondo su legitimidad. En Andes Law  no solo te defendemos. Te ayudamos a recuperar tu capacidad operativa y tu reputación. 📩 Escríbenos. El tiempo es clave en estos casos.

La exclusión del Club León del Mundial de Clubes 2025 no es solo una decisión disciplinaria: es una advertencia directa al modelo de negocio de los grandes holdings futbolísticos. Y marca un antes y un después. La noticia: el síntoma de una enfermedad mayor El 21 de marzo de 2025, la FIFA comunicó oficialmente la exclusión del Club León de México  del nuevo formato del Mundial de Clubes 2025. El motivo: su vínculo estructural con el Club Pachuca, también clasificado al torneo, bajo el paraguas societario del Grupo Pachuca . La decisión se ampara en el artículo 10.1 del reglamento de la competición, que prohíbe la participación simultánea de equipos controlados, directa o indirectamente, por una misma entidad jurídica o persona. Pero la noticia, lejos de ser aislada, revela una fisura profunda en el modelo de multipropiedad que domina parte del fútbol moderno. Multipropiedad: ¿conflicto de intereses o arquitectura de expansión? La multipropiedad ha sido la vía predilecta de grandes conglomerados para escalar globalmente. Desde City Football Group , con presencia en más de 10 países, hasta Red Bull  o el propio Grupo Pachuca , la lógica de expansión multinacional ha reconfigurado la gestión deportiva y financiera del fútbol. Sin embargo, la FIFA ha trazado una línea roja: cuando dos clubes bajo el mismo holding convergen en una misma competencia, la integridad del torneo —y del juego mismo— se ve comprometida. Intentos como el fideicomiso propuesto por Grupo Pachuca para "blindar" a León no convencieron a Zúrich. La independencia formal no basta: se exige una autonomía estructural, económica y en la toma de decisiones real . El caso León ante el TAS: ¿una causa perdida o el inicio de una reforma? Club León ha recurrido la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) . Pero más allá del fallo final, lo relevante es el precedente: la FIFA ha endurecido su postura y deja claro que la multipropiedad, aunque tolerada en ciertos contextos nacionales, no será admitida en el escenario global sin controles estrictos. Este movimiento reconfigura el tablero para holdings, clubes, inversores y federaciones que deberán repensar estructuras, revisar contratos, redibujar esquemas de gobernanza y anticipar nuevos conflictos. Implicaciones legales y estratégicas Desde una óptica legal y corporativa, los riesgos son múltiples: Riesgo reputacional  y exclusión de competencias internacionales. Nulidad de inscripciones  por conflictos de interés. Desinversión forzada  o reestructuración interna de holdings. Responsabilidad legal de dirigentes y órganos de control  en caso de omisión o simulación societaria. La multipropiedad, tal como se conoce, entra en una fase crítica de revisión regulatoria. La jurisprudencia del TAS y la interpretación progresiva de los reglamentos FIFA serán claves en la redefinición del modelo. Esta decisión no solo afecta a México o al Grupo Pachuca. Representa una señal de advertencia global  para todo actor con intereses en el fútbol internacional. En ANDES LAW , ayudamos a clubes, fondos, federaciones y grupos empresariales a estructurar sus operaciones bajo un marco legal robusto, compatible con los nuevos estándares FIFA, UEFA, CONMEBOL y otros organismos rectores. 💼 Gobernanza, integridad, cumplimiento y estrategia legal internacional.

La Resolución MAATE-MAATE-2025-0002-R transforma el ecosistema regulatorio del sector eléctrico al delegar competencias ambientales clave a ARCONEL. ¿Qué implicaciones legales y operativas se derivan? El 22 de abril de 2025, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) emitió la Resolución Nro. MAATE-MAATE-2025-0002-R , mediante la cual otorga a la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (ARCONEL)  la acreditación como Autoridad Ambiental Competente (AAC)  para el sector eléctrico a nivel nacional. Este hecho marca un hito en la descentralización técnica del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y plantea desafíos regulatorios, institucionales y operativos para todos los actores del sector. 1. ¿Qué cambia a partir de esta resolución? A partir de esta acreditación, ARCONEL asume la competencia para regular, controlar, hacer seguimiento y sancionar  a las actividades eléctricas en materia ambiental, incluyendo los procesos de regularización, atención a denuncias y auditorías ambientales . Esta competencia está limitada por los parámetros establecidos en el Código Orgánico del Ambiente (COA) y demás normativa ambiental vigente, y no aplica en proyectos donde exista un potencial conflicto de intereses , como aquellos promovidos directamente por ARCONEL, en cuyo caso el MAATE retiene la competencia. 2. Alcance operativo de la nueva competencia: La resolución detalla con precisión los deberes de ARCONEL como nueva AAC. Estos incluyen: Utilización obligatoria del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)  para procesos de regularización. Presentación anual del Informe de Gestión  y el Plan de Control Ambiental . Seguimiento a garantías bancarias o pólizas  de cumplimiento ambiental. Prohibición expresa de que el equipo técnico que aprueba estudios de impacto participe en los mecanismos de control posteriores. 3. Transición institucional y marco temporal: Se establece una hoja de ruta clara para la transferencia progresiva de competencias y expedientes  del MAATE a ARCONEL. La resolución prevé un plazo de hasta tres años  para que el MAATE culmine los procesos iniciados previamente. Además, se exige a ARCONEL emitir su propia normativa técnica dentro de los 30 días posteriores a la notificación  de esta resolución, lo que pone presión sobre su capacidad jurídica y técnica interna. 4. Implicaciones para operadores del sector eléctrico: Todos los proyectos eléctricos —públicos, privados o mixtos— deberán ahora someterse al nuevo sistema liderado por ARCONEL. Esto exige una actualización urgente de sus estrategias legales y técnicas  en relación con estudios de impacto ambiental, inventarios forestales y obligaciones de cumplimiento. 5. Riesgos y oportunidades legales: Si bien este paso busca descongestionar y especializar la gestión ambiental , también genera interrogantes sobre capacidad técnica, independencia funcional y seguridad jurídica , especialmente en controversias donde pueda estar comprometida la imparcialidad de ARCONEL. La resolución establece que el MAATE podrá revocar la acreditación  si se incumplen las obligaciones técnicas o legales, lo cual constituye un importante elemento de control institucional. Desde una óptica legal y estratégica, esta resolución obliga a todos los actores del sector eléctrico a replantear sus mecanismos de cumplimiento ambiental , reforzar sus equipos legales y técnicos, y anticipar posibles fricciones en la implementación. La consolidación de un modelo de control ambiental especializado puede representar una oportunidad si se garantiza la transparencia, la participación ciudadana y el apego irrestricto a los principios del COA. En ANDES LAW , acompañamos a nuestros clientes del sector energético en este nuevo contexto, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también la prevención de riesgos regulatorios y litigiosos derivados de esta transición.

En un entorno de alta exposición pública y creciente escrutinio regulatorio, la resolución de conflictos ya no puede abordarse desde una lógica puramente técnica o judicial . Cada conflicto representa no solo un riesgo económico o legal, sino una amenaza a la reputación, la estabilidad operativa y las relaciones estratégicas de la empresa. En este contexto, la resolución de conflictos debe ser parte integral de la estrategia corporativa . El verdadero valor de una defensa legal no se mide solo en resultados procesales, sino en su impacto sobre la reputación y la continuidad operativa de la empresa . En Andes LS aplicamos un enfoque integral donde la estrategia de defensa combina técnicas jurídicas, comunicación estratégica y negociación anticipatoria , minimizando el impacto reputacional y protegiendo el valor empresarial. En sectores regulados o proyectos de alto impacto, la anticipación es clave . Nuestra labor inicia mucho antes de que el conflicto escale, con la identificación de posibles puntos de fricción, construcción de relaciones clave con stakeholders y diseño de planes de acción preventivos . Una defensa exitosa empieza con una estrategia legal que protege el negocio completo, no solo el caso específico . En Andes LS entendemos que cada conflicto es una oportunidad para fortalecer la posición estratégica de nuestros clientes . No solo defendemos sus intereses, los proyectamos al futuro , asegurando que cada proceso legal sea parte de un plan mayor: proteger su reputación, preservar sus relaciones clave y reforzar su posición en el mercado.

Durante años, el rol de las áreas legales en las empresas estuvo encasillado en un enfoque reactivo: atender contingencias, resolver conflictos y asegurar el cumplimiento básico de normas aplicables . Sin embargo, en un entorno donde la regulación impacta directamente la competitividad, el verdadero valor de la asesoría legal ha evolucionado hacia un enfoque estratégico y anticipatorio , donde el cumplimiento es solo el punto de partida. En sectores altamente regulados como energía, minería, telecomunicaciones o el deportivo, la asesoría legal estratégica es un factor de diferenciación competitiva , que permite a las empresas no solo navegar el marco normativo, sino convertir el compliance en una ventaja reputacional, financiera y operativa . Los inversionistas y aliados estratégicos valoran hoy, más que nunca, la solidez jurídica como garantía de sostenibilidad . Este nuevo rol requiere un cambio profundo en el perfil de los asesores legales. Ya no basta con dominar la legislación vigente; es indispensable entender el modelo de negocio, el entorno económico y las dinámicas sociales y políticas  que pueden impactar a la empresa. La asesoría legal moderna combina experticia jurídica, inteligencia regulatoria y visión empresarial . En Andes LS asumimos ese rol con una premisa clara: no somos guardianes del cumplimiento, somos arquitectos de estrategias legales que impulsan el crecimiento . Alineamos cada recomendación legal a los objetivos de negocio, anticipamos cambios regulatorios y aseguramos que la estrategia legal y la visión empresarial operen como una sola.

En proyectos de gran escala —sean energéticos, extractivos o de infraestructura— la asesoría legal no puede limitarse a la revisión de contratos o al cumplimiento normativo puntual. El verdadero valor de un equipo legal estratégico radica en su capacidad de anticipar escenarios regulatorios, gestionar riesgos multidimensionales y asegurar la alineación legal con los objetivos financieros y operacionales  del proyecto desde su concepción. Una visión legal aislada del modelo de negocio es, simplemente, incompleta. El entorno regulatorio de Ecuador, caracterizado por su dinamismo y sus complejidades políticas y sociales, exige que cada componente legal de un proyecto no solo cumpla con la normativa vigente, sino que se inserte como un eje articulador entre el plan de negocio, la estrategia de financiamiento y el relacionamiento comunitario y gubernamental . La asesoría legal de alto nivel no es un servicio auxiliar; es un pilar estratégico. En Andes LS entendemos que los proyectos exitosos nacen de un equilibrio delicado entre cumplimiento y flexibilidad estratégica . Diseñamos estructuras legales que no solo mitigan riesgos jurídicos, sino que crean condiciones para adaptarse a cambios regulatorios o políticos sin comprometer la viabilidad financiera ni el cronograma de ejecución. El futuro de los grandes proyectos en Ecuador dependerá de la capacidad de las empresas para construir modelos legales dinámicos, preventivos y alineados a las expectativas de inversionistas, reguladores y comunidades . En ese equilibrio —entre seguridad jurídica y agilidad estratégica— es donde Andes LS marca la diferencia.